El concejal del ACyS, Claudio Maroli, nos hizo llegar su opinión, a la que el llamó “pronunciamiento político”, de los hechos sucedidos el 21 de marzo de 2010. Es un pronunciamiento personal, con la colaboración de la politóloga Melina Bianchi y consensuada con el resto del bloque. A continuación transcribimos la carta enviada con el titulo:
Responsabilidad Política
Por que hablamos de responsabilidad política del Departamento Ejecutivo en los lamentables hechos ocurridos el 21 de marzo del corriente de año, donde pierden la vida dos jóvenes de nuestra ciudad en el cual se ve involucrado un móvil y personal de la Dirección de Transito así como los posteriores hechos de vandalismo que provocaron destrozos y perdidas parciales y/o totales de nuestro patrimonio publico y también de particulares. Para ello nos centraremos en clarificar si las políticas publicas instrumentadas en materia de Transito y Seguridad Vial han influido en el hecho luctuoso y por otro, determinar si hubo causalidad entre el accidente y los posteriores hechos violentos de roturas y destrucción así como evaluar cual fue el accionar del responsable del Ejecutivo para contener y/o mediar ante el accionar de los revoltosos.
Nos valemos de esta ocasión para dirigirnos a la ciudadanía, al vecino, para pasar a discurrir algunos razonamientos que basan nuestro voto, nuestra sentencia así como nuestra propia convicción. Debido a que es a estos a quienes corresponde expresarle el por qué estamos votando de una u otra manera.
La noción de responsabilidad abarca desde el Estado propiamente dicho como entidad jurídica así como también a sus funcionarios por los actos que ellos ejecutan en el ejercicio de sus funciones,
añadiéndole a lo anterior la indudable responsabilidad política que se acrecienta a medida que el cargo electivo es de mayor trascendencia. Por lo tanto, la responsabilidad política de un Intendente requiere dar cuenta de sus actos a la sociedad.
Ante estos pavorosos sucesos que hicieron detonar la paz social en nuestra ciudad; los legisladores, representantes del pueblo, no podemos mirar para otro lado y obviar el análisis de las políticas públicas que dejaron que esto suceda. Por lo tanto, existe un mandato popular de quienes fuimos elegidos por medio del voto que confiere, más que derecho, una obligación que es llevar a cabo este análisis para asegurar y mantener la responsabilidad de los gobernantes. En consecuencia, quien incurra en faltas de capacidad o de probidad, no necesariamente ilegales, en el ejercicio de las funciones delegadas que deriven en la puesta en peligro del patrimonio público deberá ser sancionado. Ya que como sabemos ganar una elección no significa que se le ha firmado un cheque en blanco a ningún representante.
Por ultimo, queremos señalar que este proceso se encuadra en el control mutuo entre los poderes del Estado, que constituyen parte de la doctrina de los frenos y contrapesos para hacer efectiva la división de poderes.
Ahora bien, a los fines de calificar la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta el descargo realizado por el Sr. Intendente Municipal quien en el uso del derecho a defenderse oportuna y legítimamente, y por lo tanto se ha garantizado el debido proceso; el Bloque del Acuerdo Cívico y Social hará las siguientes consideraciones que fundamentan su resolución final.www.baraderoteinforma.com.ar en la nota Para Carossi fue un accidente y los destrozos fueron ocasionados por vándalos y ladrones del día 21 de Marzo de 2010 se publicó la siguiente declaración del Sr. Aldo Carossi, a saberwww.baraderoteinforma.com.ar, a saber
Primariamente nos detendremos en el hecho luctuoso que significa la lamentable perdida de dos vidas, ya que es el bien máximo resguardado por nuestro Código Penal por ser un hecho totalmente irreparable. Debemos señalar que en lo que refiere a la causa que se tramita en la Justicia es necesario que no se haga ningún tipo de referencia tendenciosa sobre ella que pueda implicar tratar de obstruir el accionar de la misma por el simple hecho de estar la causa en pleno trámite. Por lo tanto nos parece inapropiado hacer referencia a si el mismo implicó un accidente de transito o no. Por que como ya señalamos anteriormente este proceso es independiente de la vía judicial, debemos destacar que la responsabilidad política no implica la existencia de una responsabilidad penal o criminal.
Por ello consideramos que el hecho de manejar la información y distorsionar las explicaciones es un accionar malintencionado. Ello se evidencia en el constante intento del responsable del Poder Ejecutivo de hacer referencia al hecho luctuoso, tanto en medios de comunicación así como en su descargo, definiéndolo como “un accidente de tránsito”.
Deberíamos detenernos aquí a pensar como esta visión de los hechos no fue justamente la difundida en los momentos inmediatamente posterior al hecho. Debemos señalar que la versión que rápidamente circuló en la sociedad baraderense fue la de una persecución por parte de los inspectores municipales. Se podrá aducir aquí que fueran versiones hechas con malicia pero lo que nos llama poderosamente la atención es como la misma fue rápidamente aceptada y repetida hasta el cansancio cuando en cualquier sociedad dicha descripción dantesca de los hechos seria rápidamente catalogada como una versión descabellada ya que nunca podría concebirse que el personal del área de Transito pongan en peligro la integridad física de los debe proteger. Sin embrago, estos funcionarios municipales hacia tiempo que no contaban con la aprobación por parte de la población de su metodología en pos de lograr apego a las normas de Transito y Seguridad Vial. Ya se habían echo públicos varios reclamos e incluso la recolección de firmas realizar algunos cambios en el área pero estos reclamos fueron desoídos por parte del responsable del Departamento Ejecutivo.(Nieta del Dr. Bitar, se juntaron mas de 1000 firmas)
Tal vez la explicación de esta accionar la encontremos en declaraciones publicas en donde pudimos reconocer cual era la visión que tiene el mismo sobre la problemática de Transito y Seguridad Vial así como sus posibles soluciones. Vale aclarar que hemos recurridos a los medios de comunicación ya que fue nula la colaboración para responder a los requerimientos de esta Comisión Investigadora por parte del Poder Ejecutivo.
En el portal
“No es una persecución estilo policía. Tratan de aminorarlos y detenerlos y en todo caso llamar a la policía para que lo haga. Es una norma. Tenemos el problema del alcoholismo, tenemos el problema de la noche”
Esto nos lleva a pensar que la falta de integralidad, característica fundamental de cualquier política pública, ha sido determinante en el fracaso de las acciones implementadas. Los problemas generadores de políticas públicas son casi siempre interdependientes, es decir, que el actor nunca se enfrenta a un único problema. Al no poner el foco en la complementariedad de una acción destinada a la prevención y la Educación Vial, se insistió en una actitud que roza lo negligente ya que fue indiferente a los reclamos públicos así como a los resultados concretos que tenían las políticas publicas aplicadas. Por lo tanto, podemos vislumbrar la inexistencia de políticas publicas integrales para la problemática del Transito y de Seguridad
Vial. Para ello debemos enunciar que una política publica se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios; es una acción con sentido. Aun en los casos de inacción una política no es la decisión deliberada del actor gubernamental sino que hay que incorporar las muchas y diferentes decisiones de los muchos actores participantes que en sus interacciones han condicionado la decisión central, le dan forma y la llevan después a la práctica, haciéndola y relacionándola. Por lo tanto implica un conjunto de acciones u omisiones, por parte de sectores gubernamentales y sectores de la sociedad civil. Una de las mayores dificultades en la definición y solución de problemas públicos es que con frecuencia la definición del problema construido por el gobierno difiere significativamente de la definición que del problema tienen los afectados y los interesados. Entonces se hace necesaria la búsqueda de anuencia, de concurrencia y entendimiento entre los actores implicados, esto se da en un proceso que podemos definir como el ciclo de las políticas públicas que puede subdividirse en:
• Iniciación de las políticas públicas: Identificación del problema, incluyendo la prefiguración de la salida deseable. Consideración de las distintas visiones que pueden hallarse sobre el mismo.
• Elaboración de las políticas públicas: Identificación y delimitación de un problema actual o potencial de la comunidad, determinación de posibles alternativas para su solución, evaluación de costos y efectos y establecimiento de
prioridades
• Formulación de las políticas públicas: Selección y especificación de la alternativa considerada mas viable, seguida de una declaración que explicita la decisión.
• Implementación de las políticas públicas: Planificación y organización del aparato administrativo y de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para ejecutar una política.
• Ejecución de las políticas públicas: Es la puesta en práctica de la política; comprende la acción destinada a alcanzar los objetivos establecidos por la política.
• Seguimiento de las políticas públicas: Supervisión de la ejecución de actividades a fin de introducir eventuales correcciones.
• Evaluación de políticas públicas: Mensuración y análisis a posteriori de los efectos producidos en la sociedad
Este proceso debió haberse dado con el acompañamiento de distintos actores que se involucran en el mismo con su propia racionalidad, sus intereses, tratando de imprimirle al mismo una direccionalidad determinada. Que el Poder Ejecutivo local haya decidido no convocar a otros actores para consensuar las políticas sobre Transito y Seguridad Vial, que las misma no hayan sido objeto de Seguimiento y Evaluación para su reconsideración ante los desastrosos resultados que se estaban obteniendo como lo son el creciente numero de motos secuestradas, la evasión de los controles por parte de los conductores entre otros; seguramente significó una omisión que se fundamenta en una acción deliberada de considerar al Control y Fiscalización como únicas acciones posibles así como a la sanción económica como el único correctivo existente. Ello se reafirma con las declaraciones del Sr. Aldo Carossi en la nota Para Carossi fue un accidente y los destrozos fueron ocasionados por vándalos y ladrones del día 21 de Marzo de 2010 donde se divulgó la siguiente manifestación en el portal
“Lo que sí es cierto es que el municipio tiene una conducta persecutoria en los hechos de tránsito. Hay una desobediencia, general, es cierto… al tema de los cascos fundamentalmente y la problemática que tenemos es de las motos. Hay 500 motos secuestradas, 10000 infracciones de tránsito en curso (…)”
Lo cierto es que es el Estado quien debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes poniendo en funcionamiento todas las herramientas y áreas necesarias a tal fin, y que la sanción al ser de carácter exclusivamente económica implica la percepción generalizada de que la aplicación de multas conlleva fines exclusivamente recaudatorios además de que por otro lado las sanciones pecuniarias, y especialmente cuando se pretende educar socialmente, condenan a los sectores mas vulnerables y son un diminuto obstáculo para quienes poseen un holgado pasar económico.www.baraderoteinforma.com.ar publicada el 22 de marzo de 2010 manifestó,www.baraderoteinforma.com.ar lo declarado por el ex responsable del área Sr. Pablo Scarfoni en la causa judicial se puede leer,www.baraderohoy.com del 24 de marzo de 2010 en la nota El intendente de Baradero descartó que haya “infiltrados” en el accidente donde murieron dos adolescentes se esgrime que, “Baradero tiene antecedentes de movilizaciones pero no de violencia. Indudablemente los ejecutores fueron un grupo minúsculo. No se puede justificar semejante hecho vandálico con el dolor y la bronca”.
Debemos señalarle al Intendente que talvez su miopía y microclima de poder no le permiten diferenciar la dimensión social del conflicto. Por otro lado, es cierto que si no se determinan las causas no hay forma de enfrentar el problema. ¿Trabajar sobre las consecuencias es la solución? Nuevamente la penalización parece ser la sencilla solución que se le da a los problemas, así como se hizo con la cuestión de Transito y Seguridad Vial. Seguramente esto se relaciona con las serias dificultades para delinear cuales son las problemáticas porque obviamente una visión acotada y única del mismo no permite pensar en perspectiva. Seguramente que los vándalos que llevaron adelante los destrozos deben ser juzgados pero también es cierto que había una multitud que observaba este triste espectáculo que no defendió sus instituciones talvez por el simple hecho de que no las sintieran como propias.
Mas aun cuando en palabras del Sr. Aldo Carossi en una nota titulada “El problema no es Aldo Carossi, el problema es el pueblo de Baradero” publicada el portal
“Hay un problema sociológico que no sé cómo se va a responder y es la aceptación de las leyes por parte de la gente”
Los problemas deberían ser entendidos entonces como “discrepancias superables” y no como en este caso como una guerra declarada entre el área de Transito y los infractores, se debería considerar al mundo de los problemas en estrecha vinculación con el mundo de las soluciones para evitar que los problemas redunden en mayores problemas. Los problemas no existen sólo objetivamente en tanto tales, sino que requieren de la percepción de un actor individual o colectivo que se plantee la cuestión. Los valores con relación a los cuales se definen los problemas lejos de ser meramente individuales expresan y definen los ámbitos de pertenencia de los actores, donde éstos se forman e informan. Definir un problema es de alguna manera delimitar la probabilidad, tipo y alcance de su solución, por lo tanto si el responsable del Poder Ejecutivo reconocía un subtractum social en la problemática, porque no ideó políticas que estuvieran dirigidas a lo social, cultural y educativo? Porque en definitiva la internalización de la norma seguramente resultará mas efectiva si se enfatiza en el cambio de hábitos.
Es aquí donde se puede establecer la gravedad del accionar frente a esta problemática que tiene en definitiva como finalidad superior el cuidado de la integridad física de los ciudadanos. La reticencia a parar frente a los controles y las carreras alocadas por la ciudad no hubiese implicado acaso modificaciones en la metodología? No hubiese sido significativo convocar a los distintos actores para consensuar políticas que redunden en mayor compromiso ciudadano y apego a la norma? No hubiese sido necesario pensar en sanciones similares a una probation para que la misma no se centre solo en lo económico ergo en lo recaudatorio? Insistir en un accionar ampliamente cuestionado que no daba resultados concretos no es acaso negligente y en consecuencia de una gravedad absoluta?
Consideramos que cada toma de posición refleja una determinada estrategia de acción cuyas premisas dependen de la cantidad de recursos y apoyo que el actor pueda movilizar y de sus expectativas acerca del comportamiento de los otros actores afectados por la cuestión. En consecuencia, en lugar de buscar “la alternativa” todopoderosa capaz de solucionar todo, es necesario explorar cuáles son las intervenciones factibles que se pueden desplegar para intervenir en el problema y estar atentos a los efectos que ocasionan dichas intervenciones cuando se ponen en acción a fin de reformularlas si fuese necesario. Creemos que aquí radica la principal falencia que torna totalmente negligente la política publica que adopta el Departamento Ejecutivo en materia de Transito y Seguridad Vial. Porque además de no movilizar actores en apoyo como podría ser realizar convenios con las escuelas o entidades intermedias (ACA, Luchemos por la Vida. etc) o simplemente Cartas Abiertas de Compromiso con la Ciudadanía y que, por otro lado, tampoco se cumplan las expectativas que había respecto de los pobres resultados que estaban dando esta política de carácter tradicional centrada en el control y la fiscalización; también se descuidaron los recursos. En lo que refiere a recursos humanos basándonos en su carácter cualitativo, la formación es particular sobre la problemática mencionada de los inspectores del área de Transito podríamos definirla por lo menos como insuficiente. Según lo publicado el 27 de abril de 2010 en el portal
“Seguidamente se lo interroga si los inspectores municipales son capacitados para desempeñarse y si se le formula cursos de perfeccionamiento o capacitación ,responde que sí ; que permanentemente se les hacía conocer la ley de tránsito ,las ordenanzas municipales ,el uso obligatorio del casco , cuál era la documentación que debían llevar los conductores , sobre controles de alcoholemia ,charlas educativas en las escuelas ,pero aclaró que no existían cursos de capacitación a cargo de organismos nacionales o provinciales “
Por lo tanto no había capacitación en materia de Transito y Seguridad Vial por ningún organismo público ni privado, a pesar de que una vez acontecidos los lamentables hechos se hicieron presentes en la localidad representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dando charlas, entregando casco, repartiendo folletería. Una muestra mas de lo negligente de la conducta del Ejecutivo local hasta que no hubo esta perdida de vidas lamentables poco hizo para desarrollar políticas publicas basadas en al Educación Vial, a pesar de que dicha Agencia ya cuenta con varios años de existencia pero nunca se había solicitado colaboración de la misma.
En consecuencia se llevó a cabo una designación de funcionarios en incumplimiento del requisito de idoneidad que necesariamente debe tener cualquier persona que este en al función publica. Lo cierto es que la ciudadanía no votó inspectores, ni funcionarios de menor rango; votó al Intendente Municipal para que instrumente políticas públicas a través de los colaboradores que él designe, los cuales deben ser probos, capaces y profesionalmente avezados en las tareas.
Por lo tanto, necesariamente le cabe al Intendente la responsabilidad de haber llevado adelante en su gestión una política en materia de Transito y Seguridad Vial que ha sido claramente inadecuada, ineficiente, contradictoria y poco planificada ejecutada por funcionarios de su total y absoluta confianza, puestos y confirmados reiteradamente en sus cargos.
Finalmente podríamos agregar que en ausencia de un calculo cierto de las consecuencias que desataran las decisiones, lo realmente racional para un gobierno es corregir sucesivamente sus pasadas decisiones incorrectas, así como fortalecer sus pasos exitosos. Creemos que lejos se esta máxima cuando constantemente se defiende lo actuado y aun no existe ni siquiera responsable para el área de Transito, no se ha dado a conocer ningún proyecto que deje capacidades instaladas en nuestra localidad en materia de Seguridad Vial que impliquen algo mas que charlas o actividades de concientización esporádicas.
Siguiendo la cronología de los hechos acontecidos el 21 de marzo del año corriente, diremos que ante la trágica escena de dos adolescentes fallecidos, teniendo como protagonista del hecho a funcionarios municipales y los antecedentes anteriormente descriptos que implicaban hostilidades constantes entre inspectores municipales e infractores.(ver denuncias de los pibes y noticias de atropellar inspectores). Ello desató un ataque fenomenal y salvaje al edificio
Municipal así como a otros edificios públicos, que representan parte del Patrimonio de todos, el mismo conceptualiza los bienes materiales e inmateriales donde la población se contempla para reconocerse y donde busca explicación del territorio donde esta enraizada.
Si bien el disparador fue el hecho luctuoso este no es un hecho puntual que desencadenó en al alteración de la paz social. Es el resultado de un proceso de descontrol, basado en políticas publicas de planificación normativa donde se obvió la participación otros actores para su diseño; dado que las decisiones en el proceso de políticas públicas son el resultado de presiones, compromisos, alianzas y negociaciones entre una multiplicidad de actores que se hallan en un contexto de interdependencia. La viabilidad política se refiere al conjunto de soluciones a un problema que están prestos a respaldar los grupos y los actores relevantes de un sistema político y administrativo; se moviliza apoyo y se comprometen recursos políticos y administrativos.
Obviamente no podemos entender el proceso como libre de conflictos y ni tampoco falto de cooperación entre actores. Pero de de algo estamos seguros, los canales de dialogo institucional son necesarios para una gestión donde sus actuaciones y los márgenes de acción de esta generan desconfianza tanto en términos de resolución de problemas como de legitimidad.
Contrariamente a lo que ha manifestado el responsable del Ejecutivo en la apertura de Sesiones Ordinarias del H.C.D., argumentación que sigue esgrimiendo en su descargo ante la Comisión Investigadora, a saber
“No debemos incurrir en el error en el cual estamos incurriendo de hablar livianamente de multicausalidad, porque no podemos justificar el vandalismo y la violencia porque demore o no demore en cambiar a Panno o a Cortese de mí gabinete.”
Cuando una gestión concentra su poder y reclama para si la toma de exclusiva de decisiones en numerosas oportunidades, no puede intentar hoy diluir sus responsabilidades. Los hechos ocurridos respecto de la destrucción de patrimonio público a pesar de ser un hecho delictivo públicamente cuestionado y judicialmente investigado, consideramos que tienen su origen en una forma de gestionar que confundió lo publico con lo privado, redundando en creer que las Instituciones del gobierno local entendidas como una entidad democrática así como espacio físico era de unos pocos.
Cuando en declaraciones publicadas en el portal
Insistimos que pensar en las causas no significa justificar un accionar delictivo pero si nos permite proponer mecanismos que prevengan y/o eviten situaciones tan tristes como las que hemos vivido.
Por todo lo expuesto consideramos que el Intendente ha cometido negligencias reiteradas que califiquen de graves la conducta en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio. Su responsabilidad es política es absoluta.
Por último, necesitamos darles un mensaje a los familiares de las víctimas: nos solidarizamos con ellos, compartimos su angustia, su dolor, su vacío irreparable.
Dr. Claudio Maroli – Concejal ACyS
FUENTE: http://www.baraderoteinforma.com.ar/2010/06/25/responsabilidad-politica/comment-page-1/#comment-66048
"MUCHO PALABRERIO PERO POCOS HECHOS: UN NUEVO MIEMBRO PARA EL CLAN 'C' ", CREO QUE SERIA UN GRAN TITULO PARA ESTA NOTA.
DEMOSTRANDO, UNA VEZ MAS, QUE SON LO MISMO QUE CAROSSI: FERVIL SERVIDORES DEL SISTEMA.
TODOS SABEMOS QUE NO SE NECESITA UN AMPLIO PODER ADQUISITIVO PARA FOTOCOPIAR VOLANTES A FAVOR DEL USO DEL CASCO PARA REPARTIR POR BARADERO ¿NO CREEN?
OBVIAMENTE NINGUNO DE NUESTROS DIRIGENTES DEBE GASTAR DE SU BOLSILLO (NO SEA COSA QUE NO LE ALCANCE PARA EL "CHAMPAGNCITO" A LA NOCHE), PERO SERIA UNA NOBLE ACCION QUE LO HAGA POR AMOR A SU CIUDAD.
TODO LO ANTERIOR SUPONIENDO QUE EL GOBIERNO NO LES OTORGA NUNCA VOLANTES, FOLLETOS Y MUCHO MENOS DINERO PARA HACER ÉSTE TIPO DE CAMPAÑAS.
SEAMOS BONDADOSOS CON NUESTROS DIRIGENTES...
